PerúJurídico.com.- En su libro: Historia de la Corrupción en el Perú, Alfonso Quiroz (1956-2013) señaló que, luego de todas sus investigaciones, pudo notar que «la corrupción no era algo esporádico sino, más bien, un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad».
Según diversos autores, esta lacra, que carcome lo social, económico y político de los países, es capaz de corroer cualquier sistema de convivencia. Y en sociedades en subdesarrollo y con democracias débiles —como la nuestra— se torna mucho más peligrosa, provocando pérdidas cuantiosas al gasto público y varios puntos porcentuales del PBI.
A lo largo de nuestra historia reciente se han hecho varios intentos para combatir este flagelo, pero poco se ha avanzado. El accionar de las Procuradurías, Fiscalías o Juzgados Anticorrupción ha sido como dar cabezazos contra la pared o, peor aún, como pellizcar un poco de arena a la playa.
Desde la Administración Pública se han hecho intentos que terminan cayendo en saco roto. No se sabe de logros contundentes de la Oficina Nacional Anticorrupción o de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ni de las Plataformas Territoriales Anticorrupción en espacios regionales y locales, creadas por Ley n.° 29976.
Pero en este obscuro y sombrío panorama aparece una luz de esperanza. Un atisbo de control gubernamental que la Contraloría General de la República (CGR) ha calificado recientemente como una «decisión histórica». Se trata de la aprobación (por insistencia) de la Ley n.° 31358, que permitirá la ampliación del control concurrente a obras e intervenciones públicas a nivel nacional.
Este acompañamiento técnico y sistemático, que ya se venía realizando desde hace algunos años en la Reconstrucción con Cambios, podría ser un mecanismo eficaz para combatir una de las tantas modalidades de corrupción, pues —según la CGR— de los 721 proyectos de que fueron sometidos, se invirtió 79.1 millones de soles en el periodo 2017-2020, generando 1925 informes de control (41.1 mil soles por cada informe), lo que conllevó al final un ahorro al Estado de 485.9 millones de soles. Es decir, por cada sol que se invierte en el control concurrente en obras, el Estado ahorra 6 soles.
Esperemos que esto sea cierto y que contribuya en algo a evitar irregularidades, y a garantizar que los proyectos se concreten oportunamente y a un costo razonable. No obstante, debemos tener una posición vigilante para que las transferencias financieras a favor de la CGR sean destinadas convenientemente a las intervenciones de control gubernamental y no a otros fines.
Autor: Miguel D. Jiménez-Torres