En un clima político obscurecido por censuras de ministros, cuestiones de confianza, leyes observadas y anunciados procesos de inconstitucionalidad, se vislumbran, con un efecto reparador, los mecanismos de control contemplados en nuestro sistema constitucional.

Si bien la renuncia del ex primer ministro y el reemplazo de varios nombres en el Gabinete amainaron la tormenta que se avecinaba, el suelo aún no está parejo para el Gobierno, pues luego de que el presidente de la República observara la ley que pretende interpretar el uso de la cuestión de confianza, desde el Parlamento Nacional se escucharon voces anunciando que dicha iniciativa legislativa se aprobaría por insistencia.

De producirse ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció que no recurrirían a la cuestión de confianza, pero sí al Tribunal Constitucional (TC) a través de una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, de un control político, de carácter eminentemente subjetivo, pasaríamos a uno jurídico que se supone será objetivo.

¿Y cómo está el TC? Nadie podría asegurar que se encuentra en su mejor momento: con una conformación del Pleno incompleta (tras el fallecimiento de uno de sus miembros), magistrados con mandatos vencidos (tras superar el plazo de cinco años para los cuales fueron elegidos), con uno de sus “doctores” investigado por plagiar la tesis de su asesor (entre otras acusaciones), y con concursos fallidos en el Congreso y otro intento más, aún incipiente, que busca elegir a sus reemplazantes después de cinco meses.

El panorama no es nada alentador y es mucho peor si al TC lo escudriñamos desde adentro.

Pese a ello, necesitamos un adecuado control que haga posible la democratización del poder. Un control que, de acuerdo con Karl Loewenstein, sea intraórgano, es decir, que opere eficazmente dentro de una misma organización; y, a la vez, interórgano, que permita a uno o a varios detentadores del poder compartir el ejercicio de la función o estar facultados a intervenir en la actividad del otro, como parte de la gestión estatal.

De esta manera, si el control político (que no es exclusivo del Congreso) se ejerce con independencia y autonomía podría hacerle frente al abuso de poder, pero para ello necesitamos de instituciones sólidas, legitimadas y bien conformadas. Si ese control político fracasa, esperemos que el control jurídico resuelva la controversia. Y si ello no es suficiente, necesitaremos un control social bien organizado que pueda vigilar y fiscalizar la gestión pública, para procurar una convivencia dentro de un marco democrático.

Por: Miguel D. Jiménez-Torres

Publicado en Diario Los Andes – Región Arequipa, el domingo 10 de octubre de 2021 (Pág. 2)

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