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HACIA UNA URGENTE REFORMA PENAL

RENAN MANUEL LARA MONGE

Abogado

La sociedad moderna de hoy en día tiene como forma de convivencia al Estado de Derecho, las normas legales son las herramientas en las que se apoya para asegurar la vida en armonía y pacificación, el ser humano como ente complejo y social por naturaleza solo lograra su compatibilidad y su coexistencia cuando exista un respeto y cumplimiento irrestricto de la ley. En la sociedad reinante las normas legales han englobado muchos más aspectos de la vida del hombre, ambas han evolucionado paralelamente y hoy en día solo se lograr la verdadera paz y la justicia cuando el Estado haga cumplir la leyes y esta se aplique a todos por igual, es decir, sin distinción ni discriminación de ninguna clase. El Código Penal es una de las normas legales más importantes después de la Constitución Política del Estado, es esta, sin duda, la que regula la convivencia y coexistencia del ser humano, es la que prevé que el ser humano viva en paz con sus semejantes, y fundamentalmente es a través de ella en que el Estado regula su poder punitivo plasmado en una Política Criminal que defienda a la sociedad de la infracción y el delito. El Código Penal persigue concretar los principios de la moderna política criminal, y para ello sienta las premisas y postulados de que el derecho penal en su conjunto es la garantía idónea que viabiliza un ordenamiento social que sea acorde a un Estado Social y Democrático de Derecho, pero que sobre todo tenga como fin la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.

Toda norma legal, y en especial la penal tiene que estar acorde a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos, no debe mantenerse inflexible en el tiempo, muchas veces es necesario adaptarlas a las nuevas exigencias, el avance social y la propia evolución del hombre y la globalización así lo requieren, evidentemente en Política Criminal esto no es una excepción, la delincuencia al igual que cualquier otra actividad humana se desarrolla y evoluciona, se adapta a sus propios y nuevos retos. La finalidad de un Estado Derecho es que las normas legales cumplan su designio y que se viva bajo el imperio de las leyes, es en consecuencia, el Estado quien tiene la potestad de legislar y aplicar la ley a todo aquel que cometa una infracción punible.

Una de las objetivos y razón de ser del Código Penal es la prevención de los delitos y faltas  como medio de protección de la persona humana y la sociedad, en los momentos actuales en que vivimos hemos notado que esta finalidad no se está cumpliendo, la sociedad no se siente protegida ante la creciente ola delincuencial, y esto se percibe mucho en lo que respecta a la faltas, la criminalidad no está siendo combatida eficazmente y ello porque las instrumentos legales no están funcionando como debería ser, es muy común ver como los infracciones menores llamados faltas quedan en la total impunidad, dejando un sinsabor de injusticia, la misma que muchas veces constituye un aliciente en la comisión de mas infracciones, alentando de esta manera un modo de vida delictiva.

El Código Penal prevé la tipificación de las faltas, como una forma de procesar, castigar y sancionar a quienes cometen infracciones bagatela o baja intensidad y que revisten poca peligrosidad, sin embargo esta modalidad delictiva se está siendo muy común y frecuente, debido fundamentalmente a que nunca se sanciona a los infractores con una pena acorde al injusto cometido, esto ha traído como consecuencia la reincidencia y la habitualidad delictiva, la casi nula punición a alentado a muchos infractores a hacer de su vida un modus operandi delictivo, el sujeto sabe que su accionar no va ser debidamente sancionado y decide robar y asaltar mediante el “arrebato y cogoteo” ya que sabe que por la poca -entidad patrimonial de los bienes robados-  gravedad su conducta no va a ser penalizada con prisión efectiva, muchas veces son arrestado y a las pocas horas son liberados, generando un sentimiento de rabia e impotencia tanto de las autoridades policiales como de los propios agraviados, esta situación debe cambiar, el Estado está en la obligación de implementar una reforma criminal que plante una innovación integral del asunto, es necesario complementar sanciones más ejemplarizadoras y disuasivas, que permitan por un lado proteger a la sociedad del delito y por otro que se sancione ejemplarmente al agente infractor. Particularmente considero que debe existir una verdadera reforma de la Política Criminal Gubernamental en lo que se refiere a las faltas, esta no podrá llevarse acabo sin la participación de la misma sociedad a través de sus representantes, en este caso es necesario unir esfuerzos en la que participen los sectores directamente involucrados con esta problemática como son los Ministerios de Justicia e Interior y las autoridades locales, llámese Gobiernos Regionales y Locales, (comités de seguridad ciudadana, serenazgos, juntas vecinales, etc.) y Poder Judicial y Ministerio Publico ( Policía Nacional), son ellos los llamados directamente a implementar medidas que hagan cumplir las leyes, como se sabe, ya existen normas legales que prevén la reincidencia y la habitualidad, que sin embargo el poder judicial aun no aplica, dejando un sinsabor de impunidad, así mismo jamás se efectivizan las sanciones que establecen prestación de servicios comunitarios y multas, es necesario que los magistrados no renuncien a este función, la supervisión y control de las sanciones antes mencionadas deben ser llevadas acabo por los Gobiernos Locales quienes mejor conocen la problemática a través de las comisarías y autoridades del sector, pero sobre todo que velan por su cabal y fiel cumplimiento, de lo contrario la impunidad solo alentara la comisión de mas infracciones. Atañerá entonces al Poder Judicial aplicar   correctamente las sanciones y penas convenientes, teniendo en cuenta la reincidencia y la habitualidad del infractor, habilitando como sanción efectiva aun en cortos periodos de tiempo la pena privativa de la libertad, asimismo a variarle la sanción por pena efectiva de privación de libertad al infractor renuente a cumplir su sanción de servicios comunitarios y multas, así como establecer impedimentos de salida del país, establecer cauciones, trabar embargos sobre sus bienes personales, establecer un registro de personas infractoras y hacer cumplir la reparación civil, solo cuando el Poder Judicial haga cumplir la ley, el infractor podrá ser disuadido, Corresponderá al Gobierno central, Gobiernos Regionales y Locales implementar coordinadamente estrategias de lucha contra la delincuencia, trabajando ordenadamente con la policía nacional y sus respetivos estamentos. Corresponderá al Ministerio de Justicia proponer y  buscar una reforma legislativa a través del congreso o del propio poder ejecutivo que haga efectiva la lucha contra la delincuencia, estableciendo por ejemplo, el arresto ciudadano, políticas prémiales de colaboración ciudadana, la coordinación con las empresas privadas en el monitoreo y vigilancia visual de las zonas de alta incidencia delictiva, coordinar los recursos de medio logísticos y de personal con todas las instituciones inmersas en esta problemática; de otro lado, brindar asesoramiento gratuito al agraviado denunciante a través de las defensorias de oficio y alentarlo a que siempre denuncie los hechos ante las autoridades, implementar y dotar de recursos a los juzgados de paz por intermedio de las comisarías del sector e implementar una política publicitaria agresiva de difusión de las penas y sanciones a imponer a todo ciudadano infractor, creando de esta manera conciencia en los agentes infractores, asimismo ejercer una estrecha coordinación entre los agentes privados de seguridad y la Policía Nacional en temas de seguridad, coordinar con los gobiernos locales y la Policía Nacional en lo que respecta a sus unidades móviles, logística y su personal para efectuar un trabajo coordinado. Una de las problemáticas que reviste extrema gravedad es la incidencia delictiva de la que son victima los ciudadanos extranjeros que visitan nuestro país, esta situación debe para ya, la imagen que proyectamos como estado civilizado es pésima ante el mundo, felizmente este es un tema que ya ha sido abordado por los legisladores recientemente a través de la respectiva norma legal que sanciona ejemplarmente a los agentes infractores que atentan contra el turismo. La reforma pasa elementalmente por hacer cumplir las leyes y efectivizar las sanciones con penas privativas de libertad que sean acordes y proporcionales al injusto cometido. Un claro ejemplo de ello, es ver como la ciudad capital se ha convertido una urbe insegura y peligrosa, en donde el asalto, el arrebato, el hurto y el pandillaje pernicioso son el pan de cada día.

La comisión de este tipo de infracciones trae consigo desasosiego, intranquilidad y temor ciudadano, pero sobre todo una enorme inseguridad jurídica, la delincuencia de baja intensidad o peligrosidad se ha incrementado en las principales ciudades, es necesario tomar medidas concretas y cortar de raíz con esta problemática, ya que muchas veces los grandes delincuentes y sus organizaciones se inician de esta manera, este tipo de infracciones muchas veces constituye el caldo de cultivo y el preámbulo en la comisión de delitos extrema gravedad. Se requiere de una reforma integral que prevenga y se impida la infracción, pero que se sancione y castigue debidamente al infractor que ya cometió el delito, esto en sí constituye una forma disuasiva e intimidante de infracciones posteriores. El Estado está en la imperiosa obligación de proteger a la sociedad del delito no solo con medidas preventivas y educativas, con promulgación y difusión de normas legales, sino en hacer cumplir y ejecutar cabalmente las sanciones y penas impuestas como una forma de generar seguridad jurídica, la impunidad solo trae consigo injusticia e inseguridad, un país que económica y socialmente busque desarrollarse, necesita que su ordenamiento jurídico y sus instituciones funcionen bien, pero fundamentalmente que sus leyes se cumplan cabalmente, es decir que sea el Estado de Derecho en que prevalezca. 

Una sociedad moderna y democrática como la nuestra tiene como forma de convivencia al Estado de Derecho, las normas legales son las herramientas que aseguraran la vida en armonía y paz, el ser humano en su conjunto solo lograra su estabilidad y su coexistencia cuando exista un respeto irrestricto a la ley.

La globalización es uno de los fenómenos socioeconómico mas importantes de los últimos tiempos, ello ha traído consigo el avance y la trasnacionalización de la delincuencia, hoy en día no existen barreras fronteriza que impidan el desarrollo de la delincuencia y no existe estado o nación ajena a ella, ante esta alarmante situación muchos  países se han visto en la necesidad de implementar políticas criminales que frene ese flagelo, es por ello que en nuestro caso en particular, recientemente la clase política a través del parlamento nacional se ha avocado a la implementación de reformas legales que frene la infracción de baja envergadura, sin embargo las políticas legislativas de nada servirán si el principal el poder punitivo del Estado ejercido a través del Poder Judicial se muestra pusilánime y temeroso y no enfrenta el problema como debe ser, aun así, es necesario señalar que la conducción de este poder del estado a cargo del Dr. Villa Stein ha dado muestra de querer virar hacia un gran cambio, hay y existe la expectativa de una verdadera reforma del poder judicial, ojala esto se plasme en verdaderas transformaciones y no quede en meras intenciones, ya bastante desgastada esta la imagen de este poder del Estado como para seguir postergando un verdadero cambio; el país lo necesita urgentemente. El gran cambio y desarrollo de una nación se debe fundamentalmente al respeto de la ley, solo cuando el ser humano viva en paz y armonía podremos decir que su natural aspiración se ha cumplido.