Para la fiscalía está probado que:
En 1990, el alto mando militar y el SIN crearon un equipo de análisis, integrado por agentes del Ejército, para revisar documentos incautados por la PNP a Sendero Luminoso.
Integrantes de ese equipo, entre ellos Santiago Martin Rivas, conformaron, en 1991, el destacamento Colina, autor de las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta.
Este destacamento recibió oficialmente armamento, municiones, vehículos, motos y un presupuesto especial del Ejecutivo.
Martin expuso al alto mando del Ejército la llamada nueva estrategia de guerra clandestina.
Alberto Fujimori vivió en el SIN junto con Vladimiro Montesinos, quien antes y después de esas citas con el presidente se encontraba con Martin.
Un grupo de agentes de Colina fue reconocido, primero, con una felicitación y, luego, con una recomendación de ascensos, emitidas por el propio Fujimori.
El embajador Anthony Quainton, por encargo del Gobierno de EE.UU., dijo a Fujimori, en 1991, que en el caso Barrios Altos estaban involucrados agentes de Inteligencia del Ejército.
El destacamento Colina continuó operando después de Barrios Altos y de la advertencia del embajador, mientras que Fujimori, en sus discursos en los institutos armados, siguió apoyando la lucha clandestina.
El propio general Nicolás Hermoza agasajó a los integrantes de Colina en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército.
Fujimori dio un discurso televisivo anunciando la eliminación de los terroristas.
Fujimori conoció los crímenes de Colina no solo por canales oficiales, sino por los medios de prensa nacionales e internacionales.
Fujimori impulsó y aplicó la Ley Cantuta y la Ley de Amnistía para sustraer de responsabilidad penal a los agentes de inteligencia.
Los integrantes del destacamento Colina sabían que se les iba a amnistiar antes de que este beneficio les fuera otorgado.
Luego de la matanza de La Cantuta se realizó, con pleno conocimiento de Alberto Fujimori, un paseo de tanques para amedrentar a la oposición del Congreso a fin de que no investigara este caso.
Alberto Fujimori abandonó el país, en noviembre de 2000, para intentar librarse de su responsabilidad en los casos de corrupción y violación de derechos humanos.
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