Para la defensa está probado que:
Alberto Fujimori, en la lucha contra la subversión, tenía el papel de presidente del Consejo de Defensa Nacional, es decir que, como presidente de la República, específicamente, no cumplía ningún rol en ese aspecto.
En su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional, estableció la política antisubversiva a través de la Directiva Presidencial 003, en 1991.
Esa directiva fue la única forma por la que dictó la política antisubversiva que debían seguir las FF.AA. y el Sistema de Defensa Nacional.
No tenía una relación directa con las FF.AA. y, si bien la Constitución establece que es su jefe supremo, podía tener mando pero no comando.
Los conductores militares de la lucha contra el terrorismo cumplieron las políticas de la Directiva Presidencial 003, que establece como ejes: lograr la adhesión de la población con acciones cívicas, potenciar los servicios de Inteligencia, generar la autodefensa de la población, aplicar la ley de arrepentimiento y el funcionamiento de los jueces sin rostro.
En julio de 1992 se entregó ómnibus a las universidades, como parte de la política de gobierno, para proteger a los estudiantes que podían ser captados por los terroristas, lo que se contradice con una política de guerra sucia.
No existía móvil o motivo para ejecutar una doble política, es decir, una legal y otra ilegal.
Alberto Fujimori no tuvo intervención en la formación del equipo de analistas que, según la acusación, se convirtió luego en Colina, pues ese equipo se crea a pedido del general Héctor John Caro, jefe de la Dircote en 1991.
La felicitación a miembros de Colina tuvo su origen en una gestión que hicieron los que antes habían conformado el equipo de analistas.
El destacamento Colina no tiene un origen definido, es decir, no se conoce dónde fue creado.
Fujimori no tenía ningún canal, ni oficial ni de facto, que lo conectara con Inteligencia del Ejército. Por lo tanto, no podía conocer las actividades de sus agentes.
Los ex miembros de Colina han dado siete versiones diferentes y, siendo colaboradores eficaces, sus testimonios no sirven para dictar un fallo de condena.
En 1991 y en 1992, el SIN elaboró planes de operaciones de Inteligencia compatibles con la política antisubversiva del gobierno.
El destacamento Colina fue una desviación de la política antisubversiva y no un ejecutor de la misma.
Una vez que el presidente de la República conoció la existencia de Colina, a fines de 1992, funcionaron el sistema de control del Ejército y la justicia militar, imponiendo una condena a militares por matar a civiles, lo que no tiene precedentes en el fuero militar.
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